Colombia, su crisis en el sector salud y la migración venezolana

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Por: Betty Liliana Ortiz Uribe, Docente.

En Colombia se habla según el Ministerio de Exteriores que el fenómeno social de migración venezolana comenzó aproximadamente desde el mes de agosto del 2015, cuando la presidencia del vecino país deportó unas 22 mil personas según cifras de este ministerio.

Hay datos a diciembre de 2017 obtenidas del Gobierno colombiano y de la Organización Internacional de Migraciones de unas 600.000 personas con nacionalidad venezolana residen actualmente en nuestro país. Se calcula que el número sea superior, pues Colombia tiene 2.219 kilómetros de frontera y existen 280 pasos por los que no se ejerce ningún control migratorio de entrada, por ello se habla, según estudios de la Universidad Simón Bolívar, que se superan el millón cuarenta mil migrantes los que hay radicados en nuestro país de manera legal e ilegal, y que la atención en salud a esta población en un Hospital ubicado en zona de frontera ha superado los 4.178 millones de pesos, los cuales están reportados como cartera de difícil recaudo, pues no hay entidad responsable de estos servicios.

Debido a este fenómeno que continúa en crecimiento, se han incrementado en un 600% las atenciones en salud entre los años 2015 y 2018, y crean situaciones muy delicadas a las IPS de la red pública y algunas del sector privado que reciben dichos pacientes en condiciones de salud que implican un sobre costo que no es asumido por ninguna entidad responsable de pago.

 Actualmente se habla de que el sistema de la salud en Colombia presenta un déficit de $8 billones que sigue creciendo, además de las dificultades internas conocidas por los colombianos, se suma la demanda de servicios de salud de una población, que comparada con otros fenómenos migratorios como el de Alemania con los sirios, ha sido superada por nuestra nación en cuanto a la cantidad de migrantes.

Frente a esta situación se han generado pronunciamientos de las asociaciones de entidades administradoras de planes de beneficios, de secretarias de salud locales y alcaldías, y se solicita al gobierno nacional establecer un plan de contingencia para afrontar la situación.

Según estadísticas del sistema, recalcan que esta población está presentando diagnósticos de costoso manejo que van de la mano de sus condiciones de vida poco favorables, de hecho, se han reactivado patologías ya superadas como los casos del sarampión y se han detectado casos de VIH sida, malaria entre otros, cuyo manejo será oneroso para el sistema.

El estado colombiano ha iniciado un censo detallado de esta población y han logrado identificar algunos ya legalizados con permisos especiales de permanencia que están activos laboralmente y aportan al sistema, otros que están siendo encuestados para definir su cobertura en salud, incluso se habla en algunos casos de un modelo similar a lo que en el pasado se conocía como población “no vinculada” que era la población no asegurada, la cual ha disminuido mucho porque muchos de los colombianos están asegurados.

La falta de cifras oficiales que cuantifiquen el fenómeno hace más compleja la destinación de un presupuesto para atender la población venezolana, su migración irregular ha hecho que no cuenten con los documentos de identificación que les permiten acceder a algunas ayudas locales y todo se hace a través de organizaciones religiosas, ONG o población civil que colabora.

Cualquier fenómeno migratorio trae consigo dificultades también en otros sectores como la educación, la seguridad ciudadana y el incremento del empleo informal, lo cual ha ocasionado que se contrate mano de obra venezolana a menor precio y sin aseguramiento como lo exige la norma colombiana; entonces el desbalance del régimen subsidiado y contributivo aumenta de la mano que escasean para algunas familias colombianas los ingresos para subsistir.

Debido a la crisis del sector muchas IPS han cerrado servicios por falta de presupuesto para manejar, generando mayor demanda en las urgencias, disminución en la cobertura de servicios y la interrupción de tratamientos que ocasionan incrementos en la morbimortalidad, estancias prolongadas y agravamiento de pacientes crónicos.

Ahora bien, el reto es para el actual gobierno, en cuanto a la financiación de los servicios de salud, debido que es claramente insuficiente el mecanismo actual de la UPC y se necesitan por ende más recursos, a la ineficiente administración de recursos por parte de las EPS, la corrupción detectada en contrataciones y algunas irregularidades en el proceso de aseguramiento, se suma a la problemática la de atender a una comunidad migrante que no ha legalizado su permanencia en nuestro territorio.


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